Patricia Bullrich declara a La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como organización terrorista

En un paso crucial para la seguridad nacional de Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha anunciado oficialmente la clasificación de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización terrorista. Esta decisión responde a años de violencia perpetrada por este grupo, que ha llevado a cabo ataques incendiarios, toma de tierras y amenazas contra ciudadanos y fuerzas del orden en la Patagonia argentina.

La RAM, liderada por Facundo Jones Huala, ha sido señalada por numerosas acciones delictivas que incluyen incendios provocados en propiedades privadas, sabotajes a infraestructura clave y enfrentamientos con la policía. A pesar de que el grupo se presenta como una organización de defensa indígena, su accionar violento ha sido catalogado por las autoridades como una amenaza directa a la soberanía argentina.

La lucha contra el terrorismo interno
La ministra Bullrich ha sido enfática en la necesidad de restaurar el orden en la Patagonia, una región que en los últimos años ha visto un aumento en la actividad delictiva de grupos radicales vinculados a la RAM. La clasificación como grupo terrorista permitirá al gobierno tomar medidas más severas contra sus miembros, incluyendo la aplicación de la Ley Antiterrorista, el congelamiento de sus activos y la colaboración con fuerzas internacionales para impedir su financiamiento y expansión.

Además, la ministra recordó que la RAM ha recibido apoyo ideológico y logístico de sectores vinculados a la izquierda radical y organismos extranjeros que buscan debilitar la soberanía argentina en la región. Esta declaración es un paso clave para enfrentar las amenazas internas que buscan desestabilizar el país desde dentro.

Conexiones internacionales y financiamiento
Uno de los aspectos más preocupantes de la RAM ha sido su presunto vínculo con organizaciones extranjeras que promueven la agenda del globalismo y el debilitamiento de los Estados nacionales. Investigaciones recientes han revelado que la RAM podría estar recibiendo financiamiento de ONG’s internacionales que, bajo la fachada de la defensa de los derechos indígenas, en realidad buscan erosionar la autoridad del Estado sobre el territorio nacional.

Esta situación ha generado alarma entre sectores productivos, en especial el agro y la ganadería, quienes han sido víctimas constantes de los ataques de la RAM. La quema de estancias, la ocupación ilegal de tierras y los bloqueos a rutas estratégicas han afectado la economía de la región, generando pérdidas millonarias.

Apoyo de la sociedad y sectores productivos
La decisión del gobierno de declarar a la RAM como grupo terrorista ha sido respaldada por diversos sectores de la sociedad argentina, especialmente por aquellos que han sufrido de primera mano los ataques de la organización. Líderes empresariales, propietarios rurales y ciudadanos de la Patagonia han manifestado su apoyo a la ministra Bullrich y han pedido que se endurezcan aún más las medidas contra los grupos que operan al margen de la ley.

Este movimiento también ha sido bien recibido por las fuerzas del orden, que durante años han enfrentado la violencia de la RAM con recursos limitados y sin un marco legal claro para combatir sus actividades. Ahora, con esta designación, las fuerzas de seguridad podrán actuar con mayor contundencia y desarticular la red de apoyo que sostiene a este grupo violento.

Conclusión: una medida necesaria para la seguridad nacional
La declaración de la RAM como organización terrorista marca un punto de inflexión en la política de seguridad de Argentina. Durante años, el país ha tolerado la actividad de grupos radicales que, bajo el disfraz del activismo, han llevado adelante una agenda de violencia y desestabilización. Con esta nueva medida, el gobierno deja en claro que no permitirá que la soberanía argentina sea puesta en jaque por organizaciones financiadas desde el extranjero y que buscan imponer su agenda a través del terror.

La seguridad y el orden deben ser prioridad en cualquier Estado que valore su integridad territorial y la paz de sus ciudadanos. Con esta decisión, Argentina da un paso firme en la defensa de su soberanía y en la protección de quienes han sido víctimas del accionar violento de la RAM.