VENEZUELA Y LA DICTADURA DEL CHAVISMO I EL FINAL DE NICOLAS MADURO SE ACERCA

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Gracias al trabajo de la JEP para investigar los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado, la Corte Penal Internacional mantiene bajo análisis preliminar el caso de Colombia.

La Corte Penal Internacional entregó su reporte de fin de año sobre los países cuyos casos por crímenes de guerra o de lesa humanidad se encuentran en evaluación, entre ellos Colombia y Venezuela.

Sobre nuestro país, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda reveló en el documento que “las autoridades colombianas en general han adoptado pasos significativos para abordar conductas que constituyen crímenes de la Corte Penal Internacional”.

Además, sostuvo que “las autoridades colombianas siguieron tramitando actuaciones judiciales nacionales relevantes, tanto ante la justicia ordinaria como ante los sistemas de la Ley de Justicia y Paz y la JEP”.

Las conclusiones de la fiscal jefe de la CPI sobre Colombia se produjeron luego de analizar los resultados entregados por las autoridades judiciales de nuestro país, en cuanto a investigaciones sobre crímenes graves cometidos en el país desde el primero de noviembre de 2009, entre ellos “falsos positivos”, delitos sexuales y desplazamiento forzado, entre otros.

Por ejemplo, la JEP informó a la Corte Penal Internacional sobre la toma de 35.015 decisiones, 12.625 personas han firmado acta de sometimiento a la jurisdicción entre ellos 9.767 exguerrilleros de las Farc y 2.733 exmiembros de las Fuerzas Armadas, además de haber recibido 311 informes de organizaciones de víctimas sobre crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

La conclusión es que gracias al trabajo de la JEP para investigar los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado, la Corte Penal Internacional ha decidido mantener bajo análisis preliminar el caso de Colombia, a la espera de determinaciones de fondo y por ahora no ha tomado decisiones formales sobre nuestro país, que solamente sucedería en caso de que haya impunidad en esos procesos.

Caso diferente es el de Venezuela, en donde la Corte Penal Internacional considera que hay elementos que confirman que desde 2017 se han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en ese país, principalmente con motivaciones políticas, entre otros cometidos por la Guardia Nacional, el FAES, los colectivos y con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro.

Ese escenario, sumado a la impunidad que campea en Venezuela, abona el terreno a que eventualmente el caso de ese país sea el primero asumido formalmente por la Corte Penal Internacional, abriendo la puerta a que Nicolás Maduro tenga que responder ante La Haya.

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