Thomas Sowell Cobros por bienes y servicios

2 years ago
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COBROS POR BIENES Y SERVICIOS

Como se indicaba anteriormente, tanto los gobiernos locales como los gobiernos nacionales cobran por proveer varios bienes y servicios. Estos cargos son, por lo general, muy diferentes de lo que serían en el libre mercado debido a que los incentivos que tienen los funcionarios públicos que determinan sus precios son
diferentes. Es por esto que la asignación de recursos escasos que tienen usos alternativos también es distinta.

El transporte público de las ciudades antes era ofrecido por negocios privados que cobraban tarifas que cubrían sus gastos inmediatos —combustible, salarios de los conductores, etc.— y los costes a más largo plazo, como la compra de nuevos autobuses, tranvías o vagones de tren para reemplazar los que estaban gastados, además de proveer una tasa de rentabilidad lo suficientemente alta sobre el capital suministrado por los inversores para que estos siguieran inyectando este capital. No obstante, a lo largo de los años, muchos sistemas de transporte público municipales pasaron a manos del gobierno. En muchos casos esto era porque las tarifas las regulaban las autoridades municipales y éstas no permitían que se elevasen lo necesario para continuar manteniendo el sistema, especialmente durante períodos de inflación elevada. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, la tarifa de metro de cinco centavos fue políticamente sagrada durante años, incluso durante períodos de inflación alta, cuando todos los demás precios subían, incluyendo los que se pagaban por el equipo, suministros y la mano de obra empleada para mantener en funcionamiento los trenes.

Claramente, los sistemas de metro privados no eran viables bajo estas condiciones en las que se perdía dinero, así que la propiedad de estos sistemas pasó al gobierno de la ciudad. Mientras que el sistema de transporte municipal continuaba perdiendo dinero, las pérdidas ahora se compensaban con la recaudación de impuestos.

Los incentivos para detener las pérdidas, que hubiesen sido imprescindibles para una empresa de propiedad privada que se enfrentaba a su propia extinción financiera, ahora eran mucho más débiles, si no inexistentes, en un sistema de transporte de propiedad de la municipalidad cuyas pérdidas eran cubiertas de forma automática por los contribuyentes. Por tanto, un servicio podía continuar siendo ofrecido a costes que excedían los beneficios que los pasajeros estaban dispuestos a pagar. Para ponerlo de otra manera, aunque había recursos cuyo valor para personas en otros sectores de la economía era mayor, éstos se destinaban al transporte público gracias al dinero de los contribuyentes.

Los incentivos para poner precios más bajos a los bienes y servicios proporcionados por el estado no se limitan, en lo más mínimo, al transporte urbano.

Debido a que los precios bajos llevan a una mayor demanda que los precios altos, aquellos que fijan los precios para los bienes y servicios públicos tienen incentivos para asegurar que exista una demanda continua y suficiente para los bienes y servicios que venden y de esta manera asegurar la continuidad de sus trabajos.

Además, ya que los precios más bajos tienen menos posibilidades de provocar presión y protestas políticas que los más altos, los trabajos de los que controlan las ventas de los bienes y servicios públicos son más fáciles, más seguros, y menos estresantes cuando los precios están por debajo del nivel en el que estarían en el libre mercado.

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